OPDs – ¿El “hijo no deseado” de Sename?

malttrato-ninos.jpg¿Usted sabe lo que es una OPD?
La Oficina de protección de los Derechos de Niños Niñas y Adolescentes, corresponde a una “Instancia ambulatoria instalada en el ámbito local, destinadas a brindar protección integral a niños, niñas y adolescentes (0 a 17 años 11 meses 29 días) que se encuentren en situación de exclusión social o vulneración de sus derechos y que contribuyen, en el nivel comunal, a generar condiciones que favorezcan una cultura de reconocimiento de la infancia” (Fuente Sename).

Actualmente en nuestro País existen 105 OPDs, las que regularmente tienen jurisprudencia en la comuna donde se localiza físicamente, salvo que ésta tenga poca población, por lo cual pueden unirse más de una comuna en torno a una de estas Oficinas. Trabajan en ella profesionales como Psicólogos, Educadores, Abogados, Asistentes Sociales, e incluso Sociólogos en algunos casos, además de Técnicos Sociales u carreras afines. Se divide en 2 áreas, de Promoción y Protección.

Ésta última presta apoyo integral al niño que posea derechos vulnerados, con le objetivo central de restituir estos derechos desde su propia familia, evitando la judicialización e institucionalización de los casos. El área de promoción se encarga del trabajo en redes, de prevenir la vulneración de derechos, y posicionar la imagen de la OPD en la población e instituciones, generando la necesidad de su servicio, entre otras funciones.

El proyecto a nivel nacional comienza desde el año 2000 y es una gran iniciativa para llevar a terreno el respeto y promoción de los Derechos de la Infancia y Adolescencia, pero como muchos de los proyectos y programas de la Concertación, ha mostrado carencias, tanto en su diseño como en su gestión, insoslayables. La mayoría de los profesionales de estas oficinas se encuentran “contratados” por honorarios, o “a contrata”, lo que implica que cualquiera de las 2 partes puede terminar el acuerdo contractual sin justificación alguna. Obviamente, esto se ha prestado para situaciones que vulneran paradójicamente los derechos de los trabajadores de las mismas instituciones.

Otra dificultad que es posible de observar es que la “doble vinculación” existente laboralmente, tanto con Sename, como hacia el municipio correspondiente, genera una “doble desventaja” de estos profesionales. Frente a situaciones conflictivas, suelen traspasar la responsabilidad de una a otra institución, evitando afectar la imagen de cada una de ellas. Por ejemplo frente a casos de tuición que aparecen en los medios de comunicación, la municipalidad espera que Sename se haga cargo de abordar el tema mediáticamente, y a la vez esta última institución gubernamental sólo aparece cuando se menciona la palabra “Sename”, como plantean algunos profesionales con los cuales me he entrevistado.

Actualmente han ocurrido situaciones complejas en las OPDs de San Ramón y La Granja (curiosamente ambas colindantes y pertenecientes a gobiernos locales de la DC):

En la primera, una serie de irregularidades fueron denunciadas a Sename, el cual derechamente “dio la espalda” adjudicándole la responsabilidad al municipio. Obviamente éste último fue cómplice de esta situación con escenarios como currículums alterados, carencias en la transparencia del manejo de fondos, relaciones de pareja en las cuales una de ellas hizo ingresar al otro a uno de los cargos, maltrato psicológico hacia los profesionales; en resumen cómplices de la vulneración de los derechos laborales de los profesionales y de una pésima gestión (los antecedentes se encuentran en manos de Mario Desbordes de RN, en caso de que alguien desee indagar). Sólo una muestra de esa especie de “ideología de la corrupción” que abunda en estos sectores políticos concertacionistas.

La situación en la OPD de la Granja supera hasta la más amplia de las imaginaciones surrealistas. Seis de sus profesionales fueron desvinculados de la institución, por no aceptar trabajar para el recién pasado 18 de Septiembre. De los seis, dos lograron mantenerse en sus puestos mediante sus influencias políticas (válidas quizás en ese contexto). Los otros cuatro, fueron despedidos a finales del mes de Septiembre del presente año, dejando a más de 100 casos de niños con sus derechos vulnerados a la deriva. Por supuesto, la versión de la Directora de la OPD La Granja argumentó “cambio de perfil de los profesionales”. Ésta última posee un cargo político, por lo cual se mantuvo al margen de la negativa a participar en las actividades laborales dieciocheras, situación que definitivamente terminó con el trabajo de estas Psicólogas y Asistentes Sociales, las que enviaron un comunicado oficial explicando el escenario.

Finalmente para reflexionar. La situación de las personas que trabajan en las OPDs es extremadamente vulnerable, ya que el sistema permite lo mismo, desde su estructura administrativa, tanto como desde las exigencias legales para-con los profesionales que ahí trabajan. Finalmente son los niños quienes se ven afectados con esto.

Lo “curioso” es escuchar a una Concertación siempre tan exigente del respeto de los Derechos Humanos. Pero es precisamente nuestro Estado el organismo que mayormente los vulnera.

¿De qué nos sirve proteger los derechos de los niños, si cuando ellos cumplan su mayoría de edad, y logren en el mejor de los casos ser profesionales, serán vulnerados en sus derechos humanos?

Frente a esto, dos alternativas:

- Que ninguno de esos niños trabaje en una OPD cuando sean adultos, mientras se mantenga ese inepto y perverso sistema administrativo-legal que las rige.

- La otra, hacer cambios de fondo en el mismo, y no esperar la llegada de Sebastián Piñera a la presidencia en el 2010 para hacerlo, sino que generar una propuesta de reestructuración de las OPDs desde ya, en manos del grupo de profesionales de RN, de manera de de mostrar con hechos y propuestas concretas que muchas cosas pueden solucionarse y gestionarse de buena forma, sin necesidad de invertir necesariamente mayores recursos económicos (indirecta para el proyecto Transantiago), sino que haciendo gestiones eficientes, inteligentes y contextualizadas, respetando los derechos de sus profesionales y los niños que estos atienden. En el fondo, de una vez por todas hacer bien las cosas en la red de OPDs pertenecientes a Sename.

Y cuidado…esta es una olla a presión que en cualquier momento puede explotar. Se los dice alguien desde dentro…

Profesionales RN

Febrero, 2008.-

3 comentarios para “OPDs – ¿El “hijo no deseado” de Sename?”

  1. Mauricio González:

    Creo que se requiere efectuar un cambio en la gestión de las OPDs, sustituyendo a los actuales Directores por personas de índole técnica y no política. Para esto sería necesario realizar un concurso en el cual queden los mejores, y sean ratificados por el Concejo Municipal.

    Además, es necesario aumentar la fiscalización en materia laboral, ya que es inadmisible que los profesionales que trabajan en estas entidades lo hagan en condiciones que están fuera de la legalidad.

  2. Carolina Ahumada:

    Generar opiniones externas y livianas es muy fácil.
    Sin embargo, es mas interesante hacer reflexiones, sin sesgo, con amplitud de mirada y con el sentido puesto en lo que es más importante en este caso, “la infancia y específicamente, la infancia vulnerada”.
    Lanzar al aire, que los programas OPD requieren más componentes “técnicos” que politicos, suena como una odiosa queja de alguien que no ha podido conseguir un empleamiento digno. La pertinencia técnica o politica de las OPDs, es una discusión que existe desde el inicio de estos programas, y que se planteaba desde las mesas técnicas el año 2002.
    Sorprende que jóvenes profesionales (sin firma, por lo tanto sin responsabilidad) de Renovación Nacional, PARTIDO POLITICO, cuestione calidades profesionales de quienes trabajan en las comunas mencionadas, siendo que, tanto en las OPDs, como en otros programas que trabajan con subsidios, los municipios insertan técnicos y profesionales afines a su linea politica, cuando la ley se los permite (sin llamados a concurso público)… comunas con gobiernos UDI, DC, RN, PPD, PS… Asi pasa con los programas PREVIENE de CONACE, COMUNA SEGURA, del Ministerio del Interior, con los Consultorios de Salud del Servicio Nacional de Salud, entre otros. Todos subvencionados con recursos del Gobierno “concertación”. ¿Como explica eso el grupo de profesionales RN? o ¿Acaso estoy presentando un escenario falso? No. Se entiende que el Estado sea concertación o cualquiera, es gobierno de TODOS los Chilenos y Chilenas, no sólo de las comunas afines al gobierno. Los gobiernos locales DEBEN funcionar… y DEBEN mantener su coherencia politica y ETICA. Indiscutiblemente, todos los sectores politicos tenemos el mismo objetivo “el bienestar para todas y todos los chilenos”, la diferencia radica en nuestras ideas y paradigmas de sociedad. Mantener esa coherencia es importante para el funcionamiento de los programas e instituciones “subsidiadas por el Estado”. Esa coherencia es politica, pero también es ética. Es el deber que existe con las comunidades vulneradas: infancia, mujeres, adultos mayores. TODOS los gobiernos locales, desde su puesto enfrentan el día a día en terreno, están tremendamente expuestos a cualquier hecho de connotación publica, son los primeros responsables frente a cualquier tragedia en cualquier lugar de Chile, deben responder frente a la permanente disconformidad de la gente, y para enfrentar ésto, no bastan los elementos “técnicos” tan manoseados por profesionales desempleados, también se requiere tener una mirada politica coherente y capacidad de gestión, que no es enseñada en la universidad. Muchos dirigentes con apenas cuarto medio, son capaces de dar mil lecciones de gestión a los famosos “profesionales” tan técnicos y perfectos.
    Tener la habilidad de montar actividades de navidad, fiestas patrias, dia del niño y paseos SIN RECURSOS, no requiere saber aplicar un Rorschach a la perfección, o tener las carpetas al dia, o el SENAINFO ingresado.

    Trabajar en un gobierno local “no es otro trabajo mas”, es una vocación, existe una responsabilidad con los ususarios y la comunidad, que no está contextualizado solo a la oficina, está presente en cada intervención, salida a terreno, contacto en la calle. Cuando la comunidad identifica a un profesional comprometido, el trabajo técnico se facilita… está todo vinculado.
    Sin embargo la arrogancia de nuestros profesionales, no les permite ver estas sutilezas del ejercicio de la profesión, se afanan en la lucha de reivindicaciones laborales, reconocimientos y otro tipo de pequeñeces: cahuines de oficina, chimuchina de pasillo, perdiendo el sentido mas importante de todo esto… “La infancia, y específicamente, la infancia vulnerada”.

  3. Profesionales RN:

    Ética, coherencia, pertinencia técnica, entre otros adjetivos, son precisamente elementos que deben considerarse al momento de hacer una propuesta.

    Cuando hablamos de propuesta, ésta no excluye la participación en la misma de profesionales de cualquier partido, incluso concertacionistas. A la vez, tampoco minimiza el valor que puede entregar una persona no profesional, pero por supuesto, desde el espacio técnico que le corresponda.

    Lo lamentable, es que desde una posición de poder político, siempre es fácil hablar, y no hacer. Y ahi radica uno de los problemas, en la imposibilidad de generar propuestas de índole técnica, por la vulnerabilidad de los profesionales de las OPDs que no tienen un cargo político que los sustente, y ésto puede ocurrir incluso OPDs de la Alianza.

    La crítica, radica en el sistema, y la situación de las OPDs de La Granja y San Ramón son sólo la punta del inceberg, de un sistema desde nuestro entender mal diseñado desde sus bases (Sename).

    Por supuesto, hay directores de OPDs (y de muchos programas) que no son los más capaces para serlo. La DC nos ha dado una muestra increíble de “cómo no hacer las cosas”, lamentablemente, en este caso en temás delicados como los derechos de la infancia. Ahora es la educación, luego, el deporte, y así sucesivamente, seguirán apareciendo problemas como el día a día nos sigue mostrando.

    Por favor, no atribuyamos nada a la imposibilidad o no de tener o no trabajo, o de tener influencia política. El tema, es cómo hacer lidiar ambas variables, en una buena gestión. Y las OPDs de La Granja y San Ramón, claramente HAN MOSTRADO NO SABER HACERLO.

    Por favor, paremos a tiempo ésto…

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